A un año de la salida de Venezuela de la Corte IDH, menos espacio para la justicia

Diferentes expertos se manifestaron en relación con el vacío que deja en nuestro país este instrumento de justicia internacional, que calificaron de muy útil; víctimas ahora buscan esperanza en Naciones Unidas.

El 10 de septiembre de 2014 se cumplió un año de hacerse efectiva la desvinculación de Venezuela de la Convención Americana, también conocida como Pacto de San José, luego de que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela formalizara la denuncia del tratado. Con este abandono de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las palabras de Julio Bermúdez, Coordinador General de Amnistía Internacional Venezuela, “se ha marcado un triste y decepcionante día, que afecta a los ciudadanos, al Pueblo venezolano y el estado de derecho en el país”. Se cumple un año de haberse negado a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, apelar a la protección que brinda la Corte Interamericana, una vez agotadas las instancias internas, como último recurso de esperanza y justicia.

Precisamente sobre las consecuencias de la retirada de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos se estuvo hablando en el foro “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Última Esperanza de la Justicia” organizado por Amnistía Internacional el 11 de septiembre en el Hotel Embassy Suites en Caracas.

En el evento el Doctor Carlos Ayala, Presidente de la Comisión Interamericana de 1997 a 1998, enfatizó que la retirada de Venezuela de la Corte plantea una grave distorsión entre lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su práctica, y que tiene consecuencias y efectos negativos a la hora de acceder a la justicia internacional. “Venezuela es el único país latinoamericano que ha denunciado la Convención”. Asimismo, Ayala explicó que las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas antes del 10 de septiembre de 2012 están cubiertas por la Corte, pero que a partir de ahí ya no lo están.

Por su parte, la Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Doctora Tamara Adrián, hizo cierta autocrítica al afirmar “ha pasado un año y no nos hemos dado cuenta; no hemos hecho nuestro trabajo para hacer entender a la gente la gravedad de esta situación. Hace falta comprender cómo funcionan los organismos internacionales”.

Dorialbys de la Rosa, del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), planteó que la justicia en Venezuela tarda en promedio 12 años en dar respuesta a casos de derechos humanos y que la impunidad y las trabas en los procesos legales están a la orden del día, de ahí la necesidad de contar con espacios como la Corte Interamericana.

Por su parte al Profesor de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Ollarves, quien fue Juez Superior Penal del Área Metropolitana de Caracas, le preocupa que se esté estigmatizando el trabajo de los defensores de derechos humanos “la impunidad y la ignorancia están haciendo su trabajo”.

Todos los expertos manifestaron que desde diferentes países de Latinoamérica se está intentando debilitar el Sistema Interamericano, sin embargo enfatizaron que a pesar de las dificultades es necesario continuar el trabajo y documentar las posibles violaciones a los derechos humanos que puedan estarse cometiendo, en tanto confían en que la presión de las víctimas, el activismo y el trabajo de los defensores de derechos humanos, eventualmente brindarán sus frutos.

El Pacto de San José es un tratado que obliga a cumplir con los derechos humanos que sean inherentes a la persona. Este instrumento creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conoce con exclusividad los casos que a ella lleve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia con la que conforma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Por años, las decisiones de la Corte Interamericana sentaron las bases para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, dando respuesta a la necesidad de justicia, verdad y reparación de quienes han sido víctimas en la región.

La Corte falló a favor de las víctimas en casos de Venezuela como el Caracazo, El Amparo, el Retén de Catia, la familia Barrios, la familia Uzcátegui, entre otros.

«No obstante los bloqueos y retos que fomentan los gobiernos, se va a mantener la determinación en la búsqueda por justicia y reparación de las personas afectadas, con la que van a mover la justicia internacional. Las víctimas y Organizaciones de la Sociedad Civil van continuar denunciando, documentando y movilizándose por casos de violaciones a los derechos humanos en instancias como la Comisión Interamericana, que todavía pueden conocer y actuar sobre casos que ocurran en el país o ante el Sistema de Naciones Unidas, que por las limitaciones en el derecho al acceso a la Corte Interamericana, se abocarán cada vez más a conocer casos y situaciones sobre Venezuela”, concluyó Bermúdez, de Amnistía Internacional.

@amnistia

Fuente [Amnistía Internacional Venezuela]