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Mitch Daniels, gobernador republicano de Indiana, al noroeste de Estados Unidos, acaba de aprobar cambios a la legislación local para que cualquier persona pueda disparar a muerte contra un servidor público —policías incluidos— en caso de una “intrusión ilegal” a su casa.
Quienes propusieron estos cambios —que afectan la Segunda y la Cuarta Enmiendas, las que se refieren a la posesión de armas de fuego y la seguridad contra cateos ilegales, respectivamente— celebraron la decisión de Daniels, asegurando que esta se traducirá en una mayor protección contra el abuso de autoridad de los servidores públicos.
Así, con la llamada “Doctrina del Catillo”, las “personas tienen el derecho de defenderse a sí mismas y a otras del daño físico y el crimen”, además de que “la policía del Estado tiene que reconocer el carácter único del hogar de un ciudadano y asegurar que el ciudadano se sienta seguro en su propio hogar contra intrusiones ilegales de cualquier individuo o servidor público”.
Y si bien hay críticos que censuran la medida, esta se pliega totalmente a uno de los rasgos más característicos de la cultura estadounidense: la defensa a ultranza de la propiedad privada. La polémica Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo, cabildeó entre los legisladores para conseguir la aprobación de los cambios.
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