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Preocupa a los sectores populares y de clase media profesional el silencio que mantiene el Consejo Federal de Gobierno sobre los seis proyectos para la construcción de 1.200 viviendas entregados el año pasado por representantes de la Gobernación de Nueva Esparta a la señora Marisel Velásquez, alcaldesa del Municipio Díaz y coordinadora regional del CFG.
Existen razones para pensar que por motivos electorales engavetaron los proyectos, sin tomar en cuenta que unas 30 mil familias neoespartanas carecen de techo propio porque a lo largo de trece años el Gobierno Nacional no tomó en cuenta este problema social que cada día afecta a mayor número de ciudadanos, al punto que el déficit nacional está en el orden de los 2 millones 500 mil viviendas.
Presionado por los reclamos de la población y ante la cercanía de las elecciones presidenciales, el señor Hugo Chávez ordenó un registro nacional y creó la Misión Vivienda que como todos sabemos tiene el propósito de generar ilusiones, pero no de resolver el problema, porque una vez concluido el proceso electoral se olvidarán del asunto, o le dejaran esa deuda social a la oposición que con seguridad resultará vencedora en los próximos comicios.
En algunos municipios de la isla de Margarita se trabaja a la carrera para dar la sensación de estar preocupados por el asunto, pero las pocas casas que han hecho están muy lejos de ser las “dignificadas” que prometió el Comandante Presidente a principios de su administración. Muchas no tienen los servicios indispensables o estén edificadas en lugares inundables. Las casas que están entregando en Juangriego o en Macanao no tienen nada que ver con las urbanizaciones lujosas y bien equipadas, que el señor Chávez regaló a Cuba, Dominicana, Bolivia y Nicaragua, entre otros países, para comprar solidaridades.
El interés político es tan evidente que en la adjudicación de las viviendas no tomaron en cuenta a las 300 familias víctimas de las vaguadas de hace dos años, a quienes ellos mismos abandonaron a su suerte en posadas y hoteles de Margarita,
El CFG está en deuda con los sectores populares de Margarita y Coche. No es posible que los intereses electorales del oficialismo estén por encima de las necesidades de miles de ciudadanos que hoy carecen de lo más elemental.
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Negarle recursos a Morel Rodríguez para la construcción de 1.200 viviendas, es negárselos al pueblo. Y castigar al pueblo es un acto criminal.
Por Alirio Bolivar