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El Juzgado de Instrucción número cinco ha ordenado la suspensión de la ayuda del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra por falta de justificación. Según un auto de la juez Esperanza Collazos, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda, debe abstenerse de realizar el siguiente pago, previsto para el 28 de julio hasta nueva orden, porque tal ayuda «debe ser justificada». Señala que «las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega para dicha viabilidad de forma que una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior».
La suspensión de este rescate a Plus Ultra es muy duro para el Gobierno
La decisión judicial supone un varapalo para el Gobierno, que aprobó el pasado marzo un conjunto de préstamos de 54 millones a Plus Ultra. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en el Parlamento que el rescate estaba justificado.
Se trata de un caso en el que se encuentran personados el Partido Popular, Vox y el sindicato Manos Limpias y el origen de la suspensión procede de una petición de medidas cautelares. El PP presentó un escrito para paralizar el pago de 34 millones (sobre un total de 54) previsto para finales de mes. «El jueves día 14 de julio la SEPI y el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica solicitaron autorización para proceder al desembolso de los 34.000.000 euros del préstamo participativo a 7 años que pretendían pagar el 28 de julio», explican fuentes del PP a este diario.
«El día siguiente viernes 15 de julio se dictó providencia requiriendo a las partes para que formulásemos alegaciones. Nosotros presentamos escrito oponiéndonos al pago y solicitando la adopción de una medida cautelar de suspensión del mismo», agregan.
Vox presentó un escrito en la misma línea. Por su parte, el propio fiscal solicitó que se requiriese a la aerolínea para que acredite la necesidad de la entrega del préstamo para su viabilidad como empresa. A la vista de todos los posicionamientos, la juez ordena: «Se suspende la entrega prevista para el día 28 de julio de 2021 a la empresa Plus Ultra de la cantidad concedida como préstamo participativo de 34 millones con vencimiento en siete años».
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Insta por tanto al Gobierno que «se abstenga de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta». Y a la polémica aerolínea le requiere que «en el término de cinco días acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores».
