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Tal como se preveía, la polémica Asamblea Constituyente implantada por el gobierno venezolano inició ayer sus funciones con una drástica medida: removió del cargo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una chavista que se había atrevido a denostar la iniciativa y a denunciar la brutal represión que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad. El Clarin.
La Fiscal Luisa Ortega Díaz se sube a una moto luego de que no pudiera entrar al Ministerio Público. ( REUTERS/Ueslei Marcelino)
Sin embargo, la funcionaria se niega a acatar la media. “Desconozco las decisiones y no las asumo, porque están al margen de la Constitución y la ley”, dijo Ortega, quien denunció que está “en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido” por el máximo tribunal y el gobierno de Nicolás Maduro.
En menos de 24 horas la Constituyente dejó claro que sus poderes son virtualmente ilimitados. A primera hora de la mañana agentes de seguridad blindaron el acceso a la Fiscalía General, impidiendo así el ingreso de la funcionario y su equipo. Luego llegó la destitución.
La flamante Constituyente cumplió así el deseo del presidente Nicolás Maduro, quien había pedido darle un “revolcón” a la Fiscalía, luego de que Ortega (59 años) se rebelará en su contra y acusara al mandatario de tener una “ambición dictatorial”.
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La destitución se hizo a pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSU), organismo que responde directamente al gobierno. El alto tribunal decidió inhibirle sus bienes e impedirle salir del país, para someterla a juicio por supuestas irregularidades, sin una acusación concreta.
Diosdado Cabello, el número dos del gobierno y uno de los 545 delegados de la Asamblea Constituyente, justificó la destitución de la fiscal. “Ortega se ha convertido en centro de la injusticia”, dijo Cabello, mientras los demás miembros de la cámara gritaban “traidora, traidora”.
La fiscal rebelde había llegado temprano al Ministerio Público con la intención de ingresar a su oficina, pero la policía militarizada lo impidieron. “Esto es una dictadura, el atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, las procesan con justicia militar, sino que ahora no dejan entrar a la fiscal general”, dijo antes de irse.
La funcionaria atribuyó la ofensiva en su contra a un intento por “esconder la corrupción” y las “violaciones de derechos humanos” que se han dado en el marco de las protestas opositoras iniciadas hace cuatro meses, con un saldo de 125 muertos.
Ortega Díaz simpatizó durante mucho tiempo con el ex presidente Hugo Chávez, pero rompió con el actual gobierno de Nicolás Maduro en abril al considerar que se había roto el orden constitucional en Venezuela.
La Fiscal Luisa Ortega Díaz habla con la prensa en la puerta del ministerio Público. (AP Photo/Wil Riera)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones desestima el gobierno, otorgó el viernes medidas cautelares de protección a la fiscal, por considerar que su vida e integridad están en “riesgo inminente”.
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Ortega será reemplazada en forma provisoria por el cuestionado defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien demostró una fidelidad total con el gobierno de Maduro. Desde que se inició esta ola de protestas en Venezuela, el pasado 1 de abril, Saab justificó la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y acusó sistemáticamente a la oposición de los incidentes.
La Asamblea Constituyente tomó otra medida que estremeció el ya convulsionado escenario político, al decidir que su período de funciones será de hasta dos años. Esto implica que iría más allá del mandato de Maduro, que concluirá en enero de 2019.
La oposición, nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), considera que esto tiene como objetivo posponer indeterminadamente las elecciones generales que ellos vienen reclamando. Es más, sostienen que la Constituyente busca mantener a Maduro en el poder e instaurar en un sistema político de partido único, donde la oposición sea ilegal.
La Constituyente, presidida por la ex canciller Delcy Rodríguez, activará además una Comisión de la Verdad que apunta contra los dirigentes opositores que participaron de las protestas
