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La Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos residenciados en Panamá (APEJUVE) denunció este lunes que las autoridades gubernamentales en la República Bolivariana de Venezuela, se han apartado del marco constitucional y legal en el tratamiento de los derechos de las personas venezolanas jubiladas y pensionadas residentes en el extranjero.
Los representantes de los adultos mayores explicaron que el tratamiento hacia ellos, “cada día empeora, se hace más denigrante e injusto, da cuenta de un absoluto trato inhumano, discriminatorio y cruel, al no honrar las prestaciones económicas que garantizan su subsistencia”.
David Candanedo, vocero y Presidente de la APEJUVE, indicó que la mayor parte de los jubilados y/o pensionados venezolanos residentes en Panamá, llevan 15 meses sin cobrar, pues CENCOEX, organismo gubernamental venezolano que autoriza el cambio en divisas de pensiones y jubilaciones, no ha cumplido sus compromisos desde hace ya más de un año.
Agregó Candanedo que éste es un problema de justicia social, de respeto de los derechos humanos y de pobreza extrema inducida, al violar sistemáticamente el derecho a obtener el único sustento que corresponde a este grupo especialmente vulnerable. “Es un crimen tipificado en la legislación especial, que comete el Estado Venezolano y sus gobernantes, cada vez que a un anciano o a una anciana se le niega su derecho a disponer de su pensión o jubilación”, indicó.
Materia pendiente en la VII Cumbre de las Américas
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Los Jubilados y Pensionados de la República Bolivariana de Venezuela Residenciados en la República de Panamá, integran el grupo etario de Adultos Mayores, amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como por documentos internacionales entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25 numeral 1), el Plan de Acción Internacional de Viena sobre Envejecimiento, la Resolución de las Naciones Unidas Nº 40/30 de 29/11/85, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nº 44/77 de 8/12/89, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en su informe Final (Doc. A/CONF 17713 de 18/10/94) y el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, emanado de la Cumbre de las Américas del año 2009 y suscrito por la República Bolivariana de Venezuela.
Estos documentos poseen rango constitucional, por versar sobre derechos humanos, a tenor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya Ley Aprobatoria existe y es Ley de la República, para garantizar el cumplimiento oportuno del pago de las pensiones de retiro, sin restricciones, salvo el costo de la transferencia. En dicho tratado internacional, el Estado Venezolano, como Estado Parte, se obligó a cumplir esa garantía.
Los miembros de APEJUVE informaron que todos esos documentos quedan invocados en el marco de la Cumbre de las Américas de 2015, a propósito de su eje temático central referido a la Prosperidad con Equidad, así como a los ejes de gobernabilidad y democracia, derechos humanos y trato digno y el conjunto de derechos sociales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela determina como derechos humanos fundamentales.
Hablan las estadísticas
Con el objetivo de tener datos concretos que permitieran dimensionar la situación, entre el 16 y el 24 de marzo pasados, APEJUVE recibió y analizó la información aportada por 123 jubilados/pensionados, en la sede de la Embajada venezolana. Los resultados se entregaron al Embajador de Venezuela en Panamá, con la finalidad de que estos fueran remitidos directamente al CENCOEX y la delegación diplomática mediara en la delicada situación de quienes aún no han cobrado los semestres del 2014 y primer semestre del actual.
Las estadísticas verificadas demuestran graves irregularides y demoras injustificadas en el pago de las pensiones y/o jubilaciones. Por ejemplo, CENCOEX apenas ha procesado algunas de las solicitudes de las pensiones equivalentes al primer semestre del año 2014, ha procedido a rebajar los montos de las pensiones, hasta en un 60 y 70 por ciento.
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El mencionado organismo también ha cometido otras irregularidades, como negar solicitudes bajo insólitos pretextos referidos, por ejemplo, a que el jubilado y/o pensionado ha ido a Venezuela, con lo cual CENCOEX determina que ya no es residente permanente en Panamá, obligándolo así a ser un exilado, preso en Panamá, pese a que el gobierno panameño le otorgó un documento que lo califica como Residente Permanente en este país.
Los miembros de APEJUVE agregaron que estas arbitrariedades ocurren de forma sistemática desde hace más de un año, sometiendo a un número determinado e identificado de adultos mayores a un permanente estrés que está afectando notablemente su salud física y emocional, “cada vez que requerimos acudir a un médico, adquirir un medicamento o tratamiento médico; cada vez que necesitamos cubrir un gasto de servicio básico como electricidad y agua potable, etc…, se afecta notablemente nuestra tranquilidad emocional y se agrava muchas veces un estado de salud ya precario, al no contar con la autonomía suficiente en la etapa más difícil de la vida de un ser humano” indicó Candanedo.
Los miembros de APEJUVE afirmaron sentirse vejados, olvidados y castigados, al no recibir a tiempo, oportunamente y sin restricciones sus pensiones de retiro, pese a haber trabajado durante muchos años para lograr una vejez tranquila y sin sobresaltos.
Asimismo, concluyeron que las autoridades gubernamentales venezolanas, encargadas de honrar las pensiones y jubilaciones y convertirlas en la moneda de curso legal en el país donde cada beneficiario vive, “han perdido la sensibilidad y responsabilidad suficiente para encarar con pleno éxito el tratamiento de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas venezolanos en el exterior y que este trato cruel solo tiene una lectura jurídica: la discriminación de un grupo etario especialmente vulnerable que los está llevando a la pobreza extrema”.
[Fuente: Prensa APEJUVE]
Acerca de APEJUVE:
La Asociación Civil de Pensionados y/o Jubilados de la República Bolivariana de Venezuela residenciados en la República de Panamá (APEJUVE) se constituyó legalmente en la República de Panamá, el 16 de noviembre del 2014 por un grupo de ciudadanos venezolanos residenciados en Panamá, todos ellos pensionados y/o jubilados de instituciones venezolanas, con la finalidad de ser un instrumento de participación y enlace entre sus miembros, y con cualquier otra organización civil con la cual pudieran crear sinergias.
El objetivo general de la organización es la representación de sus afiliados y la defensa de sus derechos humanos, mediante la realización de diferentes tipos de actividades que promuevan y fortalezcan su bienestar, la convivencia, la solidaridad y el disfrute de una mejor calidad de vida.