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María Verdeal, Vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, aseguró este lunes que la implementación del sistema biométrico en todos los comercios del país, anunciada recientemente por el Presidente Nicolás Maduro, “Es un evidente signo de autoritarismo que para nada se corresponde con el socialismo democrático, al igual que sus supuestos anuncios en materia económica, los cuales tampoco ha cumplido”.
Explicó que el modelo socialista, “Cree en la propiedad privada, comparte la tesis de la economía mixta y nunca va a llevar la carga más pesada al soberano”. Denuncio además que con la pretensión de tratar de imponer el sistema biométrico a nivel nacional, “El gobierno está imputando la presunción de que todos los venezolanos somos contrabandistas”.
Advirtió que existe el claro propósito de confundir contrabando con escasez. “Mientras que el contrabando es un delito que se comete debido a la corrupción y a algunos militares que deberían resguardar las fronteras y que se prestan para esto, el Gobierno enfila sus baterías en un discurso que hace suponer que los venezolanos que pasamos horas y hasta días para comprar los productos de primera necesidad practicamos el bachaqueo. Es inaceptable que se nos intente catalogar a todos los venezolanos como corruptos y que estamos dedicados a practicar el contrabando”.
Para la dirigente naranja, el que se pretenda controlar la compra de productos mediante un captahuellas generará una gran cantidad de información adicional que cada ciudadano tendrá que darle a un Estado “vigilante y espía”, algo que en su opinión viola el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido al libre acceso que todos los venezolanos tienen a los bienes y servicios sin ningún tipo de restricción.
Recordó que una situación parecida ocurrió con el acceso a las divisas, “Donde a todos los viajeros se nos acusó de ser raspa cupos, para lo que también implementó unas medidas. Partiendo del hecho de la culpabilidad de quien deseaba salir del país por motivo de viaje ¿Somos nosotros, el soberano, el que tiene que pagar las consecuencias del fracaso de un modelo económico?”.
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Sostuvo que Venezuela vive hoy las consecuencias de 12 años de expropiaciones sin control y la gran cantidad de importaciones que generaron empleo y bienestar en países como Brasil, Ecuador y Argentina, “Mientras que en el país se rompió la cadena productiva nacional”.
Anunció que en los próximos días acudirán a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de amparo a fin de proteger los intereses colectivos de los consumidores. “Haremos esta acción en contra del Jefe de Estado quien vulnera nuestra Carta Magna y porque el pueblo no puede ser culpabilizado el fracaso de un modelo económico que no funciona”.
Fuente [Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad]