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La organización Human Rights Watch, institución dedicada a la defensa de los derechos humanos, presentó un informe el pasado 5 de mayo titulado «Castigados por protestar». El documento incluye una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios y agentes del gobierno de Venezuela tanto en las calles y en los centros de detención como en el sistema de justicia del país.
Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, Venezuela ha mantenido una conducta deplorable en el ámbito de la protección y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El reporte agrega que la falta de independencia del poder judicial, basada en discriminación de tinte político, ha agravado las violaciones a la libertad de expresión.
La investigación de 109 páginas, que ofrece relatos de víctimas en 45 casos, fue presentado ante las Naciones Unidas el pasado viernes.
El fin es exigir que comparezcan representantes del gobierno de Venezuela ante el comité de derechos humanos de la ONU para rendir cuentas y para que den explicaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos.
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El gobierno de Venezuela ya rechazó las denuncias que contiene el reporte. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en una entrevista para una emisora de radio local, calificó de «irresponsables» las acusaciones de Human Rights Watch.
Dijo que el Gobierno, con el apoyo de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, trabaja en el entrenamiento de sus funcionarios con el objetivo de garantizar los derechos de todos los venezolanos.
Pero para Human Rights Watch, el gobierno de Venezuela, además de responder a las acusaciones, debe tomar en cuenta una serie de sugerencias. Al presidente Nicolás Maduro le recomiendan:
Ordenar a los miembros de todas las fuerzas de seguridad que inmediatamente cesen de maltratar y emplear violencia contra manifestantes, incluyendo a aquellos que ya estén bajo custodia de las autoridades.
Prohibir a todas las fuerzas de seguridad que colaboren con actos de violencia u otros actos ilícitos cometidos por pandillas armadas partidarias del gobierno.
Asegurar el respeto de la libertad de expresión.
Al Ministerio Público le recomiendan:
Examinar todos los cargos formulados contra personas en relación con las protestas.
Desistir de aquellos cargos presentados contra quienes fueron arrestados indebidamente.
Efectuar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todos los actos de violencia perpetrados por ciudadanos en el contexto de protestas
Respetar los derechos al debido proceso de todas las personas que sospechosas de haber cometido delitos.
En entrevista con Rafael Romo, Vivanco dijo que la Fiscalía cumple el rol de ser «prácticamente vocera» del Gobierno, al que calificó de «autócrata».
Según Vivanco, la Fiscalía de Venezuela actúa con un tinte ideológico y los tribunales judiciales no son independientes.
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«No conozco ningún caso de un agente del Estado condenado por violaciones de derechos humanos», dijo Vivanco.
Para Vivanco, el caso de Leopoldo López es «un ejemplo de una arbitrariedad de un régimen autoritario como el que gobierna Venezuela».
Conclusiones siguió de manera ininterrumpida la ola de protestas en Venezuela durante 5 meses.
En este periodo, pudimos constatar de manera independiente un gran número de acusaciones de abuso policial, irrespeto a la libertad de expresión y presentamos evidencia de algunos datos falsos emitidos por el gobierno.
Pero también constatamos provocación por parte de los manifestantes a la guardia nacional, vandalismo a instituciones públicas, obstrucción indebida de vías de tránsito, ataques con bombas molotov y otros objetos contundentes.
Fuente [Cnnenespanol.cnn.com]