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Miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a protestas contra el gobierno que iniciaron el 12 de febrero, y han golpeado brutalmente y disparado a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido ayer y titulado “Castigados por protestar: violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”.
La organización manifestó su preocupación ante lo que definió como una “gravísima situación de los derechos humanos. La más alarmante observada en Venezuela en años”.
El texto evidencia 45 casos de violación de derechos humanos ocurridos en Caracas y otros tres estados del país que afectaron a más de 150 víctimas.
“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en un artículo publicado en la página web de la organización.
El informe destacó que a partir del inicio de las protestas miembros de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y otros funcionarios de seguridad aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y contra transeúntes.
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“Ello incluyó brutales golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades”, destacó el documento.
Human Rights Watch aseguró que las autoridades actuaron también contra periodistas y otras personas que documentaban la represión por parte de los funcionarios, quienes además toleraron que grupos armados, partidarios del gobierno, atacaran impunemente a manifestantes y a veces incluso colaboraron con ellos.
“Constatamos una variedad de abusos graves contra los detenidos, que en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más, antes de ser llevados ante un juez”, señaló el texto. El comunicado denunció tratos violentos contra los detenidos, como golpizas, descargas eléctricas y quemaduras. “En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura”.
Human Rights Watch exhortó a los Estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, disponer la liberación inmediata de quienes fueron detenidos de manera ilegítima por ejercer sus derechos y adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, como en el Tribunal Supremo.
Casos destacados
En el comunicado de prensa, Human Right Watch destacó 5 de los 45 casos incluidos en el informe. El 19 de febrero, en San Antonio de los Altos, Gengis Pinto recibió varios disparos de perdigones a quemarropa a pesar de que ya había sido detenido.
El 5 de marzo, en Caracas, Juan Sánchez (pseudónimo) fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia. Ese mismo día, en Carrizal, Moisés Guánchez, recibió varios disparos de perdigones a quemarropa en el brazo, la pierna y la entrepierna.
El 11 de marzo, en Barquisimeto, Wladimir Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando miembros de las fuerzas de seguridad y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego durante una protesta.
El 20 de marzo, en Valencia, la periodista Dayana Méndez Andrade fue rodeada –mientras cubría una manifestación– por guardias nacionales que le dispararon perdigones que la impactaron en la pierna y cadera izquierdas.
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Fuente [Elnacional.com]