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La actuación de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana para reprimir las manifestaciones iniciadas en febrero plantea un conflicto con las propias normas y procedimientos operativos internos de estas instituciones en materia de control y restablecimiento del orden público.
En las protestas, que cobraron fuerza a partir del 12 de febrero en las principales ciudades del país, han muerto 18 personas, así como cientos de lesionados, muchos de ellos debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. Tal es el caso de Marvinia Giménez,de 35 años de edad, golpeada a mansalva por una funcionario de tropa de la GNB durante manifestaciones en Valencia.
Para el general de brigada retirado de la GNB, Miguel Aparicio, y el coronel retirado del mismo cuerpo Eduardo Santander, esto va contra las leyes vigentes, así como también contra las reglas y prácticas que son enseñadas en las escuelas de tropas.
Advirtieron que las desviaciones comenzaron cuando el Ejecutivo nacional ordenó la actuación en la calle de la GNB en estados como Lara y Miranda sin tomar en cuenta el criterio de los gobernadores.
El Reglamento de Servicio en Guarnición establece que en estos casos la GNB solo puede desplegarse por solicitud del mandatario regional correspondiente, al constatar que las protestas han rebasado la capacidad de control de las policías regionales.
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El Ejecutivo, sin embargo, ordenó desde el 12 de febrero el acuartelamiento de los cuerpos estatales y municipales, con lo que en la práctica solo cuenta con la Policía Nacional Bolivariana y la GNB para preservar la tranquilidad. Pero la PNB no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con esta labor en todo el país, aunque ya tiene seis años de existencia, debió ser creada en 2000 por mandato constitucional. Por esta razón las unidades de ese cuerpo en los estados andinos han solicitado refuerzos y equipamiento en las últimas semanas. En Caracas opera como complemento de la GNB.
Principios violentados
Los cuerpos de seguridad deben actuar ante manifestaciones siguiendo parámetros de progresividad, proporcionalidad y oportunidad, según Aparicio (ex jefe del Destacamento Móvil 51 de la GNB). No se puede lanzar granadas lacrimógenas sin previa negociación verbal con una multitud que manifiesta pacíficamente frente a una plaza.
Los militares, además, deben ser neutros en su accionar. No pueden liarse a puños y patadas con manifestantes ni gritar consignas. Aparicio advirtió que esas son señales de que la tropa no es profesional ni entrenada.
Responsabilidad en cadena
La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que los jefes de las unidades militares también deben ser responsables por los excesos que cometan sus efectivos. A su juicio, lo que se ha visto es un uso abusivo de los recursos de la FANB contra la población civil, a veces en forma combinada con grupos paramilitares. Sostuvo que esto comenzó a verse en 2009, cuando el actual jefe de Operaciones de la GNB, general Antonio Benavides, encabezaba el Estado Mayor del CORE 5. Dijo que la falta de sanción penal y administrativa refleja la anuencia de toda la jerarquía castrense hacia esa forma de actuar.
[Fuente: El-nacional.com]