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Porque es deber y derecho de los ciudadanos denunciar cualquier hecho de corrupción, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones informa que el pueblo venezolano cuenta con la Gerencia General de Auditoría Interna, adscrita al ente regulador, para consignar sus denuncias cuando tenga conocimiento de que funcionarios públicos de esta Comisión o particulares en relación con ella, estén involucrados en actos contrarios a una disposición legal.
Esta instancia tiene como objetivo promover el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, vigilar y fiscalizar los ingresos y bienes de la institución, así como ejercer funciones de control posterior sólo en las dependencias del ente regulador.
Para facilitar el acercamiento de la institución a las comunidades, los ciudadanos podrán consignar sus denuncias personalmente ante la oficina de Atención al Ciudadano en nuestra sede principal, en Las Mercedes, Caracas, e igualmente en las oficinas regionales que posee la institución en Táchira, Zulia, Lara, Anzoátegui, Bolívar y Nueva Esparta.
Con información clara y precisa, el denunciante deberá relatar los hechos que constituyan irregularidades en el manejo de los bienes y recursos públicos, indicar quiénes son los presuntos responsables y aportar las pruebas que le permitan a la Contraloría verificar los hechos denunciados.
La denuncia debe contener el nombre, apellido, cédula de identidad y teléfonos del denunciante, la narración de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares, el señalamiento de quienes lo han cometido, fecha de ocurrencia y todo cuanto conste al denunciante, soportada documentalmente.
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El órgano de control no recibirá denuncias anónimas. Sin embargo, la dependencia del organismo o entidad que reciba o tramite la denuncia, preservará la identidad del ciudadano que realiza la denuncia, así como su domicilio, profesión, lugar de trabajo o cualquier otro dato mediante el cual pueda ser identificado.
Conatel, a través de la Gerencia General de Auditoría Interna, refuerza la efectiva aplicación de los correctivos y sanciones pertinentes a sus funcionarios, para determinar la legalidad, sinceridad y exactitud de sus operaciones, así como la eficacia en la misión de la organización.
[Fuente: Prensa CONATEL]