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El vicepresidente para Desarrollo Territorial de Venezuela, Hebert García, ha afirmado este domingo que el Gobierno asumirá «junto al pueblo y los trabajadores» la administración de las empresas que no puedan ajustar los precios de sus establecimientos, horas después de que Caracas anunciara que fijará una fecha límite a tal fin con el fin de acabar con la especulación.
García ha indicado que el Gobierno ha entregado divisas para que se reponga el inventario en cada establecimiento y ha rechazado los rumores que apuntan a la falta de productos, según ha informado la cadena de televisión venezolana Globovisión.
Asimismo, ha expresado su satisfacción por el control de precios. «Hemos hecho posible que los venezolanos puedan comprar a precios justos», ha sostenido. «Las listas están afuera de todas las ‘Epas’ para que las personas puedan observar el cambio de precios. Por ejemplo, el anclaje metálico tenía un precios de 239 bolívares y ahora pasó a 74,4 bolívares, el descuento fue de 174,4 bolívares», ha remachado.
Horas antes, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, manifestó que el presidente, Nicolás Maduro, anunciará próximamente una fecha límite para que todos los comercios «ajusten sus precios a lo más próximo a la realidad». El ‘número dos’ explicó que «de esta forma podrá crearse una línea de equilibrio absoluto». «Se respetarán los márgenes de ganancia, pero, sobre todo, se respetará a los venezolanos» subrayó.
También adelantó que se creará un registro único para pequeños y medianos comerciantes «para que puedan acceder a una financiación justa». «Para que sus proveedores no le estafen», indicó. Arreaza sostuvo que son medidas «para que todos los comerciantes tengan la posibilidad de seguir adelante con su actividad económica con respeto al consumo».
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Guerra económica
Hace una semana, el presidente venezolano ordenó «ocupar» las tiendas de electrodomésticos Daka por inflar los precios «hasta en un 1.000 por ciento», iniciando así una cruzada contra la especulación. Además, adelantó que, «con el objetivo de proteger el salario de los venezolanos», llevará hasta la Fiscalía General una denuncia por usura contra los empresarios que apliquen «sobreprecios» a sus productos.
El líder ‘chavista’ explicó que su decisión se enmarca en el plan que el Gobierno ha puesto en marcha para combatir la supuesta «guerra económica» lanzada por la «burguesía» y la oposición para desestabilizar al Gobierno. El Ministerio Público ha apoyado la acción del Gobierno designando a 50 fiscales con competencia especial en Defensa de la Economía y los Precios Justos.
De momento, se han producido un centenar de detenciones por especulación y «hechos de violencia». Esta orden gubernamental ha provocado que se hayan formado largas colas a las puertas de las tiendas «ocupadas» para conseguir productos a «precios justos», e incluso que se hayan producido saqueos y actos vandálicos.
[Fuente: Abc.es]