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La fiscal general Luisa Ortega Díaz afirmó que los jóvenes que fueron detenidos la semana pasada en manifestaciones en las que pedían que se recontaran los votos de las presidenciales manipulan y exageran cuando dicen que recibieron tratos inhumanos mientras estuvieron privados de libertad.
“Esta información es falsa porque en Venezuela no se maltrata a las personas que son privadas de libertad. A las personas que fueron aprehendidas se les respetó y se les garantizaron todos sus derechos”, dijo.
Otra es la versión de los abogados que en varios estados del país representaron a los jóvenes detenidos. Han contado que a muchos los arrodillaron, los golpearon, los pusieron con presos comunes, los obligaron a repetir consignas a favor del presidente Nicolás Maduro, los mantuvieron de pie durante horas y les hicieron pasar la noche en el piso y a la intemperie. Información El-nacional.com
“Estas denuncias aparecen en los medios muy bien redactadas, solemnes y serias, pero al leer las que presentan ante la institución carecen de fundamento y sin sustento alguno. Evidentemente se está manipulando de manera exagerada la realidad”, afirmó.
La funcionaria aseveró que las denuncias que han recibido por presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas el 15 y el 16 de abril de este año “han venido acompañadas de una matriz mediática”.
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Ortega Díaz leyó un documento, que aseguró era una denuncia, en el que el agraviado narraba que una tanqueta le disparó a quemarropa y que se salvó porque tenía puesto un chaleco. “Esto hace que la denuncia pierda seriedad. Como esta tenemos muchas”, advirtió. No respondió si todos los casos –que según el Foro Penal Venezolano suman 195– son como el referido.
La funcionaria dio estas declaraciones en una rueda de prensa a la que convocó a los medios para ofrecer un informe de los muertos y lesionados en las manifestaciones.
Indicó que hubo 9 fallecidos y 78 lesionados, y explicó con detalle las circunstancias en las que ocurrió cada uno de los decesos, los nombres de los fallecidos y los de los aprehendidos por dichos hechos.
Cuando se le preguntó si tenía detalles sobre las cinco personas que murieron durante el acto de cierre de campaña de Maduro, respondió: “Aclaro una cosa, sí tengo conocimiento que el día del cierre de campaña del presidente Nicolás Maduro se produjeron en Caracas unos fallecimientos, pero no es que fallecieron en la campaña de Maduro. Ahora se me viene a la memoria, no recuerdo ahora otros: hay una persona que falleció en La Campiña por un impacto de bala, pero no podemos decir que fue en la campaña de Maduro. Ahí es que se manipula la información”.
Aseguró que hay ONG que pretenden hacer ver al Estado venezolano como violador de los derechos humanos.
“Les garantizo que desde la institución que represento estamos haciendo justicia, actuando con objetividad, equilibrio e imparcialidad”, dijo.
Llamados de la oposición
La fiscal responsabilizó del saldo de 9 muertos y 78 lesionados a llamados directos o indirectos de actores políticos.
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“Este balance se originó como consecuencia de los llamados irresponsables de algunos actores políticos de atentar contra las instituciones y contra los venezolanos”, dijo.
Cuando se le preguntó si tenían videos o conversaciones en los que líderes de oposición –más allá de convocar a marchar y a cacerolear– llamaran directamente a atentar contra personas como ella había referido, respondió: “Tomé la precaución de copiar lo que iba a decir para ratificarte que ciertamente hice referencia a los llamados directos. Estaba buscando, no lo encontré. Fueron llamados directos y subliminales. Ustedes los periodistas saben más que yo de los mensajes subliminales, la semiótica, los signos. Se hacen análisis de contenido de los llamados. Revisen los twits, las redes para que veas cuáles son los llamados. Estamos investigando”. Finalmente no dio un ejemplo concreto.
Sobre las amenazas de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, que dijo tener lista una celda para el gobernador Henrique Capriles, advirtió que sólo la Fiscalía puede imputar y acusar.
En cuanto las amenazas del ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, de despedir funcionarios por razones políticas dijo no haber recibido denuncias y advirtió que era competencia del Ministerio de Trabajo.