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El Ministerio Público calcula que Venezuela pierde anualmente 11.000 millones de dólares por el contrabando de gasolina hacia Colombia.
Ese dato está inserto en la sentencia 391 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en su web el pasado 7 de noviembre. Dicha sentencia refiere que la fiscal nacional Katherine Haringhton solicitó a la Sala Penal intervenir (avocarse) en el proceso penal seguido contra once personas presuntamente implicadas en el contrabando de gasolina hacia Colombia. Son conocidos en el Zulia como “los bachaqueros”. Los once están imputados por contrabando agravado de combustible y asociación para delinquir.
Al argumentar su solicitud la fiscal Haringhton dice que el grupo de once personas podrían quedar en libertad debido a que la Corte de Apelaciones de Zulia (sala 2) les quitó el delito de asociación para delinquir y convalidó el que fueran procesados solo por contrabando agravado.
Y para explicarle a los magistrados el por qué la Fiscalía considera que deben ser procesados por asociación para delinquir, expone en un informe cómo ese grupo de 11 personas transportan gasolina de manera ilegal hacia Colombia. En un párrafo el citado informe la Fiscalía indica que “nos encontramos ante grupos contra la delincuencia organizada que atentan contra el patrimonio del Estado venezolano y la economía del país, al extremo de producirle al país pérdidas incalculables por estas prácticas delictivas, superando el monto de once mil millones de dólares anuales”.
El informe del Ministerio Público describe a los contrabandistas de gasolina como “grupos subversivos que hacen vida en nuestro país y muchos de ellos han crecido en forma vertiginosa por falta de la acción y participación de los entes gubernamentales”.
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Toda esa descripción la hace el Ministerio Público para referirse a las 11 personas detenidas por el Grupo de Tarea Conjunto N° 1 del Ejército el pasado 5 de septiembre. Ello ocurrió en un punto en la vía Guana-Carretal, a cinco minutos de Colombia. Cada persona manejaba un vehículo con dos tanques de gasolina de 200 litros.
La Sala Penal admitió la solicitud de avocamiento planteada por el Ministerio Público. En consecuencia acordó solicitar el expediente de los once procesados que reposa en el Tribunal 5° de Control de Zulia y en la sala 2 de la Corte de Apelaciones.
Además, los magistrados ordenaron paralizar dicho proceso hasta tanto emitan una decisión definitiva respecto a lo denunciado por el Ministerio Público.
[Fuente: elmundo.es]